SGRO
, MARCELO
DROGAS, ESTRATEGIAS PREVENTIVAS EN EL FIN DEL MILENIO**.
1)
La guerra contra las drogas y sus efectos político - institucionales y
sociales.
Creo no ser indebidamente optimista si afirmo que probablemente
asistiremos, hacia el fin del milenio, al comienzo de la declinación del
modelo predominantemente represivo que, desde la década pasada, impera a
escala mundial, o por lo menos Occidental,
cuyo centro de irradiación fueron los Estados Unidos de Norteamérica, en
relación a las conductas de tráfico y, muy especialmente, tenencia para uso
personal de drogas. El fin de lo que ha dado en llamarse guerra contra las
drogas.
Esta guerra tuvo lo que podría considerarse una declaración
formal y solemne -aunque el "crescendo" del discurso represivo se hacía
oír desde varios años antes-: un discurso
pronunciado por el ex presidente George Bush en setiembre de 1989, en el que
sostuvo "las drogas están minando nuestra fortaleza como Nación" y
"nuestro más serio problema hoy es la cocaína".
Se trató en alguna medida de una guerra que vino a tomar el lugar de la
llamada guerra fría, librada desde fines de segunda guerra mundial hasta
la desintegración de la URSS y la caída del muro de Berlín. A la demonización
del comunismo como sistema político y económico siguió la de la producción,
comercio y consumo de cierta clase de drogas y de los países que por alguna razón
no adoptaban una actitud suficientemente dura en relación a esos
fenómenos.
Y esa guerra declarada, que en realidad ya se venía librando en
la década del 80, recrudeció, se intensificó, no sólo dentro de las
fronteras de los EEUU, sino, debido a su influencia político - económica, en
todo Occidente, y, especialmente, en los países latinoamericanos productores
(Colombia, Perú, Bolivia, México, Panamá, etc) y necesitados de su ayuda o
deseosos de evitar su disgusto o enemistad o de mostrar un alineamiento acrítico
con sus políticas (como el nuestro).
Esa guerra, hoy aparentemente en vías de declinación como paradigma, ha
conducido a resultados político institucionales y sociales desastrosos tanto
fuera como dentro de los EEUU.
En 1980 fueron arrestadas en el país de Norte alrededor de 470.000 por
delitos viculados a las drogas. En 1989 esa cifra había aumentado a 1.247.000.
Hacia 1993, más de la mitad de la población carcelaria, superior a
1.000.000 de personas, se relacionaba con esos delitos.
En esa guerra, Estados Unidos se ha convertido en la Nación con más
alta tasa de encarcelamiento del mundo.
El incremento de la tasa de encarcelamiento general y del porcentaje
relativo de detenidos por delitos de drogas, especialmente pequeños traficantes
y adictos, fue también verificable en los países sobre los que esa guerra se
proyectó, inclusive en países desarrollados: hacia 1994, en Italia, alrededor
del 50 % de la población carcelaria era toxicodependiente y el 33 por ciento de
ese 50 era portadora del virus del HIV.
Desde luego, en ninguno de los países embarcados en la guerra el fenómeno
de la drogadicción decayó; se mantuvo estable o creció.
Así, según organismos oficiales de los EEUU (Instituto Nacional sobre
Abuso de Drogas) hacia fines de 1991 el número de consumidores de cocaína
coincidía con el de fines de 1989. Por la misma época, para seguir con el caso
italiano, 400.000 personas eran adictas y alrededor de 2.000.000 consumidores de
drogas prohibidas.
A nivel institucional, las consecuencias no fueron menos lamentables. La
Corte Norteamericana, la mayoría
de cuyos miembros avaló con sus votos la estrategia del Presidente, pronunció
una cadena de sentencias groseramente restrictivas de las libertades
individuales y los derechos humanos, tendencia que tuvo un punto culminante en
el aval prestado en el caso "U.S. c/ Alvarez Machain" a un secuestro
practicado por autoridades de los EEUU en México para juzgar a un ciudadano de
este país acusado de narcotráfico, pero incluyó la garantización y
legitimación del otorgamiento a la policía de crecientes poderes autocráticos,
como permisos sin causa probable para retener e interrogar viajeros en los
aeropuertos, para revisar graneros, inspeccionar cuentas bancarias e intervenir
teléfonos.
En otro orden laboral se generalizaron los test pre-laborales de detección
de consumo de sustancias estupefacientes.
Todos esos avances sobre la
intimidad contaron con un amplio consenso social: en 1989, luego del discurso de
Bush, una encuesta confiable confirmó que el 62 % de los norteamericanos
deseaba renunciar a ciertas libertades a fin de mantener a los EEUU libre del
fenómeno de droga.
Los efectos sobre la desestabilización de las incipientes democracias
latinoamericanas provocadas por la acción directa e indirecta de esa guerra y
la interacción corrupta de narcotraficantes,
gobernates locales y agentes de los EEUU destacados fronteras afuera, fue
también notoria: sobre este tema puede leerse el ilustrativo libro de Jaime
Malamud Goti, Humo y Espejos, relativo a la experiencia boliviana.
En fin, la guerra contra las drogas ha descompuesto los tejidos sociales
de los países en que se libró o que adhirieron a sus postulados, consolidó un
estado policial, incrementó la
cantidad de sujetos prisionizados, especialmente adictos, favoreció la corrupción
estatal y la desestabilización institucional, sin ninguna contraprestación: el
comercio de drogas y la toxicodependencia, según todas las estadísticas, no
han disminuido.
Bajo su pretexto, sin embargo, han sido convenientemente cubiertos muchos
graves males sociales de cuya reversión el resguardo de la salud pública
y de la seguridad dependía en mucho mayor medida que de la erradicación del tráfico
y consumo de drogas: la desocupación, el retiro de subsidios y de la asistencia
hospitalaria y social por parte de los Estados, la marginación de minorías étnicas
o nacionales, la contaminación
ambiental, el subdesarrollo de los países perisféricos.
2)
La situación en nuestro país.
En sintonía con la declaración de guerra a que me referí en el capítulo
anterior, nuestro país sancionó, también en setiembre de 1989, la ley de
estupefacientes 23.737, a la que intrudujo numerosas adiciones, posteriormente,
la ley 24.424 del 95'.
Como la anterior ley 20.771 en su art. 6º, aquélla expresamente penó
la tenencia de estupefacientes, incluso la destinada al consumo personal, en su
art. 14, no obstante la declaración de inconstitucionalidad que la Corte
Suprema había efectuado de la norma antecesora en los precedentes Basterrica y
Capalbo, ambos de 1986, y otros fallos que siguieron sus líneas.
Como es sabido, lo central de la argumentación de la mayoría del
Tribunal en esos casos consistió
en que no era posible penar la autolesión de la salud de modo compatible con el
art. 19 C.N. y era necesario para que la punición
no lo contraviniera demostrar que la tenencia imputada había afectado de modo
efectivo a un tercero, perjudicándolo.
Cuando la inconstitucionalidad de la incriminación de la tenencia de
drogas para uso personal fue planteada ante la Corte en su nueva composición,
ampliada de cinco a nueve miembros por ley del Congreso, luego de la asunción
del Gobierno de Carlos Menen, por voto de siete de sus miembros, en fallo de
dic. de 1990 (en la causa "Montalvo") se revirtió la doctina sentada
en aquellos precedentes y convalidó la penalización, vaciando de contenido el
art. 19 Constitucional, pues se interpretó que la expresión "de ningún
modo" excluía las conductas que de "algún modo", cualquiera
fuera, afectaban a terceros, y la tenencia de estupefacientes lo hacía de algún
modo (se alegó, por ejemplo, la tendencia a contagiar el vicio de los
drogadictos), con prescindencia de si en el caso concreto eso había ocurrido o
no, es decir, de si se verificaba una concreta afectación de otro. Bastaba la
peligrosidad abstracta de la conducta, que a juicio de la Corte era innegable.
Al ocuparse de lo protegido
por el tipo, la Corte introdujo párrafos absurdos, claramente correspondientes
al estado de guerra ya descripto, según los cuales -y cito literalmente-:
"si bien se ha tratado de resguardar la salud pública ... como objetivo
inmediato, el amparo se extiende ...
abarcando la protección de otros valores morales, como la familia, la sociedad,
la juventud, la niñez y, en última instancia, la subsistencia misma de la
Nación y hasta de la humanidad toda".
El efecto fue trágico, los diez años de funcionamiento de la ley
demuestran que, como era previsible, de modo absolutamente predominante se
dirigió la coerción estatal, arrestos, encarcelamiento y condenas, sobre pequeños
dealers y, sobre todo, los consumidores, adictos o no.
La ley de reformas 24.424 ya mencionada introdujo, por lo demás, toda
clase de anomalías jurídicas, tanto penales como procesales, siempre en
consonancia con su consagración previa en los sistemas jurídicos
norteamericano y en diversa legislación de emergencia europea.
3)
Perpectivas.
Cualquier perspectiva no demagógica en relación a la actuación estatal
frente al fenómeno de las drogas
debe partir de la siguiente admisión: la "guerra" ha fracasado,
la estrategia punitiva no ha funcionado, ni puede funcionar, y ha
distraido una enorme masa de recursos económicos y humanos de los sectores
donde ellos debieron aplicarse: los sistemas de educación y de salud públicas
y la asistencia y previsión social en sentido amplio.
Cualquier estrategia preventiva no basada en esa admisión está
indefectiblemente condenada al fracaso.
**
Conferencia dictada el 24/6/99 en la Universidad de Palermo.
