Drogas - Normativa - Comentarios

Esta Revista electrónica fue dirigida hasta marzo de 2003 por la Lic Patricia Sorokin. El material reunido se conserva a efectos de su archivo y cita

NIÑO LUIS; FERNANDO:

¿DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE DROGAS?

"Si queréis conversar conmigo, definid primero vuestros términos", alertaba François Arouet de Voltaire. El lúcido pensador de la ilustración supo advertir, dos siglos antes del auge de la semiótica, que las palabras, lejos de ser inocentes instrumentos de la comunicación humana, constituyen partículas ambiguas y polisémicas de ese complejo mecanismo de dominación llamado lenguaje.

Dos afirmaciones vertidas por la reconocida criminóloga latinoamericana Rosa del Olmo, en una colección de ensayos acerca de las políticas de drogas en América Latina[1], trajeron a mi memoria aquella sensata admonición: señala en ellos que -a despecho de tantos libros, artículos, documentos oficiales, conferencias, coloquios y seminarios- todo parece indicar que cada vez sabemos menos del problema social del tráfico y consumo de drogas; y alerta acerca de la probabilidad de que quienes intentamos generar un discurso crítico, alternativo al oficial/prohibicionista, incurramos frecuentemente en el error de utilizar  la terminología, los datos y la fuente de aquel discurso, con lo que se obstruye la posibilidad de efectuar una indagación científica original, que nos encamine a redimensionar el problema, y -en suma- a diseñar nuevas políticas y nuevas estrategias para abordarlo.

Aceptando el sabio reto de aquel notable literato, historiador y polemista y las puntuales observaciones de la profesora venezolana, procuraré redefinir, desde una perspectiva imparcial, los límites del universo al que hacen referencia los vocablos "droga" y "drogas", tarea que implica incursionar conceptualmente en un ámbito donde se dan cita diversos factores de poder, cada uno con su propio discurso y sus propias apetencias.

I- El diccionario de la lengua nos obsequia dos acepciones vastísimas del término "droga", a saber: "nombre genérico de ciertas substancias minerales, vegetales o animales que se emplean en la medicina, en la industria o en las bellas artes"; y "substancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno".

Aunque prefiramos ceñirnos al segundo, que es más acotado, ya que hecha mano al recurso de definir por los efectos, lo cierto es que su propio enunciado nos previene respecto de la impropiedad de toda referencia -en singular- a "la droga", como si nos pudiéramos referir a una especie dañina o a un individuo en particular.

Tal vez, buena parte de la distorsión semántica de la que acusan recibo los distintos discursos sobre el tema que nos preocupa nace en esa frase, aparentemente tan omnicomprensiva y -por eso mismo- tan poco connotativa.

Predicar cualquier cosa, desde la guerra total contra "la droga", hasta su legalización, nos deja ya en el mal camino. La singularidad que prefigura dicha frase aparece, pues, como el primer desacierto, quizá el más importante, en un discurso que se pretende alternativo.

Hay algo de personificación en ese sujeto gramatical, que parece sugerir todos los predicados imaginables asociados al mal. Es ese significante el que permite a ex-jueces, diputados y otros "empresarios morales" hablarnos de un universo complejo y multívoco como si se tratara de un macroorganismo patógeno, de un bicho maligno, de una vinchuca gigantesca cuya erradicación compromete a los heraldos de la "Drug Enforcement Administration" y a los esforzados pero prósperos organizadores de la rehabilitación de adictos.

Tampoco se avanza demasiado si nos referimos a "las drogas", en plural. Es una simplificación inaceptable que rueda por tierra a poco que nos apoyemos en la historia social y vislumbremos el complejísimo panorama que correspondería abarcar para dar satisfacción a tan ambicioso marco.

Sí, como decíamos, hemos de preferir la segunda acepción del lenguaje natural, la que menciona los cuatro efectos fundamentales de ciertas substancias en la psique humana, podremos sintetizar que son drogas todas las substancias capaces de alterar la conciencia de un individuo.

Luego, si respetamos esa definición, lejos estaremos de aludir un universo homogéneo. El único rasgo común a "las drogas", ‘lato sensu’, es el de ser sustancias psicoactivas.

Pero la historia, las finalidades de su cultivo o de su fabricación, la interacción de sus más diversos protagonistas en su popularidad o su descrédito, las razones reales y ocultas de su distinto tratamiento ético y jurídico, difieren en tan grande medida, que nos veremos forzados a procurar mayor precisión  si deseamos construir algún discurso plausible a su respecto.

Desde el cigarrillo de tabaco hasta la heroína, desde el té de tilo hasta la cocaína, desde la aspirina hasta el ácido lisérgico, pasando por la nafta común, el champagne, y la  cola de aeromodelismo, todas esas substancias tienen la única nota común de actuar sobre la conciencia del ser humano.

Algunas de ellas han acompañado al hombre desde milenios atrás. Otras, durante siglos; las más recientes desde hace décadas.

Todo grupo humano ha conocido la existencia de esas substancias, las ha utilizado, les ha otorgado alguna significación y, en la mayoría de los casos, ha regulado su consumo y su intercambio.

El alivio del dolor físico o de las tensiones psíquicas, la cura de enfermedades, la búsqueda de estados de comunión con lo trascendente, han sido algunas de las metas procuradas con su uso.

En cuanto a su abuso y a la dependencia que todas ellas, en diversa medida, pueden producir, no hay leyes generales. Múltiples variables, tales como las cantidades consumidas, la calidad de la substancia, la vía de ingestión, la personalidad del consumidor, su vinculación con el medio familiar o social, hacen de cada a relación individuo-droga un fenómeno único.

Es oportuno advertir, entonces, que cuando nos preguntamos sobre la descriminalización, o sobre la despenalización, o sobre la legalización de la droga, parecemos adherir al convencionalismo que nos proponen quienes pontifican acerca de la cruzada contra el flagelo que "ella" encarna; un convencionalismo que abstrae y oculta la característica común, ontológicamente discernible respecto de todas las drogas, la de la psicoactividad, y que recorta para su operatividad a un reducido elenco de aquéllas.

Es una concepción política y económicamente interesada la que selecciona ciertas materias, por ejemplo los tres estupefacientes más difundidos -coca, cáñamo índico y opio- y sus derivados, las aglutina y las exhibe como las únicas susceptibles de prohibición, en tanto que exime de tales controles punitivos, sea formal, sea materialmente, a otras substancias de reconocida psicoactividad. Obedecer a esa parcializada visión desde un lenguaje que pretende ser alternativo no es una actitud que augure progresos a ese intento. Lejos de ello, ideologiza indebidamente los planteos paralelos, porque tiende a ocultar el muy distinto tratamiento otorgado desde el poder a unas u otras drogas.

La "lucha" que plantea el discurso oficial tiene blancos muy escogidos; y el primer paso a dar para erigir el paradigma del antiprohibicionismo frente a su opuesto es el de esclarecer esa visión deliberadamente escotomizada, dejando claro que urge analizar científicamente la verdadera razón de ser de las leyes represivas relativas a la tenencia y tráfico de un número relativamente exiguo de estupefacientes naturales y de sus subproductos, de las alternativas por las que atraviesa su puesta en práctica y de la posibilidad problemática de su derogación.

Así planteado el tema, estamos dejando en claro que otras muchas especies de este difuso género, no sólo no están prohibidas sino que su producción y consumo reciben el explícito fomento de los gobiernos, por claras razones políticas y económicas, con total independencia de su nocividad, de su potencial dañosidad social y aún de sus comprobadas propiedades adictivas. El café, el tabaco y el alcohol son meros ejemplos de esa obviedad.

También quedan al margen de las prohibiciones, en este estadio de la civilización occidental, infinidad de medicamentos para cuyo comercio y utilización no se prevén restricciones, a despecho de sus efectos psicoactivos, así como de sus virtuales efectos colaterales, antidotismos o antagonismos. Sumando sólo dos países del Mercosur, Argentina y Brasil, circulan varios miles de medicinas en tales condiciones.

Permanecen, asimismo, a resguardo de vedas legales, otras especialidades farmacéuticas que, aunque controladas administrativamente, no han resultado escogidas por el siempre arbitrario criterio del legislador, a la hora de decidir su prohibición o su admisión sometida a fiscalización.

En síntesis, es forzoso convenir en que las posturas prohibicionistas denotan una fuerte selectividad en cuanto a los objetos a vedar, selectividad que, claramente, no responde a las propiedades psicoactivas de unas u otras substancias y que obedece a factores diversos a su mayor o menor lesividad para la salud de los individuos. Cabría preguntarse, entonces, cuáles son tales factores.

II- Por todos es sabido que el gran cruzado en la lucha contra el denominado flagelo de la droga es el Estado más poderoso de la tierra. En lo que no suele repararse con la atención que merece es en el hecho de que el origen de esa pretendida epopeya, que conmueve los muros de nuestra maltrecha aldea global del fin de siglo, fue muy modesto, muy prosaico y poco o nada vinculado con la salud pública.

Fueron leyes fiscales la Harrison Narcotics Act de 1914, que criminalizara por primera vez, a nivel federal, el ingreso a EE.UU. de plantas foráneas, y la Marihuana Tax Act de 1937.

El mismo carácter revistió la operación que en septiembre de 1969 lanzara Richard Nixon bajo el nombre de Operación Intercept, destinada, una vez más a frenar la entrada de cáñamo índico y otras especies vegetales  provenientes de México. Y mantuvo ese sesgo la declaración de Ronald Reagan de "guerra total contra las drogas", con la premisa, cara a los huéspedes de la Casa Blanca, de librarla fuera de su territorio, más precisamente, en las fuentes de producción situadas en América Latina y en otras regiones subdesarrolladas del planeta.

Abanderado en la represión, el presupuesto destinado por el Gobierno estadounidense a esa "guerra total" pasó de los 1200 millones de dólares en 1981 a los 10.000 millones de dólares en 1991. De fronteras hacia afuera, se han avasallado soberanías mediante fulminantes operaciones bélicas. De fronteras para adentro, se han superpoblado las cárceles de los estados meridionales de aquel país con afroamericanos y latinoamericanos de todas las latitudes, llegando a triplicarse en un lustro la cantidad de presos en las cárceles de California. El resultado sigue siendo desalentador.

Desalentador, claro está, para los cruzados de buena fe, que pese a todo los hay, no así para quienes han encontrado fuentes de ganancia incalculable en industrias tan redituables como la del narcotráfico, a saber: la industria del control punitivo de la droga, con su parafernalia de agencias específicas, recursos técnicos de alta sofisticación y -obviamente- crecientes partidas destinadas a financiar su incoercible crecimiento burocrático. Y la no menos próspera industria de la rehabilitación de adictos sometidos a tratamientos compulsivos o cuasicompulsivos.

Mientras esto sucede, individuos e instituciones insospechables de cualquier afinidad con los carteles de la droga coinciden en tres puntos esenciales, a saber: a) que la división entre drogas lícitas e ilícitas es arbitraria y no se corresponde con la realidad, en la medida en que ciertas drogas ilícitas no presentan un peligro serio para la salud individual o pública, en tanto que otras, permitidas o fomentadas, sí lo acarrean; b) que la violencia y la corrupción generadas por la prohibición ocasionan trastornos más graves y duraderos que los que produce el propio abuso de las drogas; c) que las drogas no son eliminables por vía policial o militar, que existen y subsistirán a despecho de cualquier campaña punitiva[2].

III- En tanto, en el corazón de Europa, un país que se jacta del sentido práctico de sus políticas, sin descuidar el flanco de la legislación penal, lo reserva para abordar conductas de real gravedad, tomando seriamente en cuenta el verdadero bien jurídico protegido en este aspecto de la realidad, atinente al bien común, cual es la salud pública, y subordinando meras especulaciones de poderío económico.

Holanda, en efecto, se enorgullece de proclamar oficialmente, a través de su ministerio de Bienestar, Salud y Asuntos Culturales, que el objetivo primordial de sus políticas gubernamentales  en materia de drogas es la salvaguarda de la salud.

Precisamente por tal razón es dicho ramo ministerial el responsable de coordinar aquellas políticas, en una acción que reconoce dos facetas básicas: las políticas de prevención y asistencia, y el mantenimiento, para conductas de narcotráfico de real envergadura, de su antigua ley, la Opium Act, que data de 1919 pero ha sido reformada en 1976.

Según recientes documentos oficiales holandeses, la aproximación realista y pragmática de la política adoptada en materia de drogas se realiza partiendo de la idea de que sólo unas medidas cohesionadas, equilibradas y multidisciplinarias pueden contribuir a poner en  jaque los problemas que aquella presenta.

En tal sentido, el Gobierno ha obviado explícitamente la aplicación de medidas radicales tal como los tratamientos compulsivos, por entenderse que las medidas espectaculares pueden crear la impresión de que se actúa vigorosamente para combatir el abuso de drogas en tanto que se generan con frecuencia más problemas que los que se apunta a solucionar; y ha afirmado, con una valentía cívica destacable, que aunque los riesgos para la sociedad se tengan, desde luego, en debida cuenta, el gobierno trata de asegurar que los usuarios de drogas no resulten más dañados por la persecución y el encarcelamiento que por el propio uso de tales sustancias.

En función de tales convicciones, las principales acciones de gobierno holandesas se han orientado decididamente a la prevención y a la asistencia. Se ha montado una red multifuncional de servicios médicos y sociales, tanto en el plano local cuanto en el regional, que enfrenta el problema como un  todo, en el que se involucra al medio familiar y al social. Se redoblan esfuerzos por facilitar el acceso a esos planes asistenciales a individuos ya vinculados con el uso o abuso de drogas, calculándose un éxito del 70 al 80 % en los casos abordados; y se mantienen desde hace dos décadas campañas de prevención cuya característica esencial es la de no separar esta problemática de otras que hoy enfrentan los niños, adolescentes y jóvenes, tales como el alcoholismo, el tabaquismo, y las enfermedades transmisibles por vía sexual o endovenosa.

La otra clave de los programas oficiales de ayuda radica en una diferenciación tajante entre los usuarios de drogas y los narcotraficantes así como en una distinción no menos contundente entre las sustancias de riesgo inaceptable, tales como el opio y sus derivados (morfina, heroína y coodeína)  y las sales de cocaína, y otras que representan un peligro mucho menor para la salud, como el hachís y la marihuana.

Respecto de estas últimas, la tenencia de hasta uso personal de hasta 30 gramos no se encuentra penada, en tanto que la posesión de cantidades mayores, o su venta o manufactura alcanzan un máximo de un mes de prisión o multa de 5000 florines, unos 3400 dólares.

En cuanto a los usuarios de las drogas más severas, específicamente la heroína, conforme anunciara, en julio de 1995, el Comité Sanitario de Investigaciones Médicas en Drogadicción, ha aconsejado al Ministerio del ramo la provisión de la droga bajo prescripción médica a los individuos dependientes. De tal modo según lo destacara el Presidente del Comité, Wim van den Brink, los adictos no tendrán que afanarse por procurar su dosis, y, si la distribución pasa a formar parte de un programa más amplio de cuidados, verán facilitado su esfuerzo de reintegración social, normalizando su situación domiciliaria y pautando sus ocupaciones[3]. Corresponde agregar que esa decisión a tomado en cuenta los resultados que arroja la experiencia desarrollada en los últimos años en suiza, donde se hecho uso de heroína producida en Francia para atraer a los adictos a programas destinados a lograr su rehabilitación.

Pues bien, ¿cuáles son los resultados de esta política, esencialmente basada en la prevención y en la ayuda social y médica?

Por lo pronto, la cifra de usuarios de drogas de uso permitido, vale decir, marihuana y hachís, se ha mantenido estable, e incluso ha registrado descensos, sobre todo en la crítica franja etaria de la adolescencia, entre los 14 y los 17 años, hecho que contrasta con el incremento constante en la mayoría de los países del continente europeo y en los Estados Unidos.

A pesar de la migración y radicación de personas llegadas a Holanda desde los más diversos países, principalmente a la ciudad de Amsterdam, donde se sitúa el epicentro de la problemática que nos ocupa, las cifras recabadas en 1995 señalan que no alcanzan a 30.000 las personas adictas al total de las sustancias, tanto de uso restringido como prohibido, lo que equivale a un dos por mil, o a un 0.2 % de la población general del país. Si comparamos ese porcentaje con el 10 % que algunas encuestas relevan en los Estados Unidos, concluimos fácilmente que la diferencia es de 1 a 50, a favor del país que eligió poner el acento en la prevención y la ayuda.

Pero hay una estadística más dramática: según datos concretos del Fondo de las Naciones Unidas para el control del abuso de drogas y la Interpol, el número de muertes por dicho abuso en Holanda también se mantiene estable, habiéndose registrado 40 en 1988, 42 en 1989, 39 en 1990 y nuevamente 42 en 1991. Vale decir, un muerto por cada 357.143 habitantes.

Entretanto, la potencia que lidera la "guerra mundial contra las drogas" ha registrado 6556 muertes por abuso de drogas en 1988, 7162 en 1989, 5630 en 1991, 5601 en 1992, lo que equivale a decir, si no nos fallan los cálculos, un muerto cada 44.643 habitantes. Esto significa una relación de 1 a 8, tomando en consideración las respectivas poblaciones totales. Con un añadido de corte económico. Según lo revela puntillosamente Kraan[4], Estados Unidos gasta el doble que Holanda en sus agencias policiales y judiciales afectadas al control punitivo de las conductas vinculadas a sustancias toxicomanígenas.

IV- Finalizo con dos alarmantes datos de nuestra realidad, obtenidos durante 1995 a partir de fuentes oficiales: la tercera parte de los presos sin condena albergados en unidades del Servicio Penitenciario Federal están vinculados a procesos por infracción a la ley 23.737; más del 80 % de los procesos incoados por dicha ley corresponden a tenencia de cocaína o marihuana en cantidades inferiores a los cinco gramos.

Ojalá podamos aprender algo del sabio pragmatismo holandés.

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Última modificación:Lunes, 21 de Junio de 2004